Desde principios del mes de noviembre, se ha creado una compleja situación como resultado del arribo a Costa Rica, en números crecientes, de ciudadanos cubanos, procedentes de varios países latinoamericanos, con la intención de emigrar a los Estados Unidos.
Varios miles de cubanos que salieron legalmente de Cuba y entraron de igual forma a un primer país de destino, desde donde iniciaron su recorrido irregular, se encuentran en estos momentos en una situación ilegal en Centro y Sudamérica, con destino a la frontera de México con los Estados Unidos.
Esta emigración irregular se articula a través de redes de tráfico de personas que operan en la región, responsables de actos de violencia, extorsión, vejaciones y otros delitos de que son víctimas los cubanos en su intento por llegar a los Estados Unidos, después de un peligroso recorrido de no menos de 7 700 kilómetros y de cruzar ilegalmente ocho fronteras.
El Gobierno de la República de Cuba manifestó su preocupación y se ha mantenido en contacto con los países implicados en busca de una solución rápida y adecuada, como se señaló en la Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores del pasado 18 de noviembre.
La posición de nuestro país sobre este asunto fue claramente expresada durante la reunión de los ocho países que componen el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), realizada el 24 de noviembre en El Salvador, y a la que fueron invitados, además, México, Ecuador, Colombia y Cuba. Allí, se abogó por una solución integral a esta situación y se denunció la manipulación del tema migratorio cubano por parte de los Estados Unidos.
Todos estos países reclamaron la adopción de medidas enérgicas e inmediatas para evitar los flujos migratorios ilegales por sus territorios y se pronunciaron contra la política de “Pies Secos-Pies Mojados”, el Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos y la Ley de Ajuste Cubano, que estimulan con fines políticos la emigración ilegal, insegura y desordenada desde Cuba y son discriminatorias contra los emigrantes latinoamericanos y caribeños, permanentemente deportados y víctimas de abusos, separación de familias y la violación de sus derechos humanos, especialmente de las niñas y niños no acompañados, por parte de las autoridades estadounidenses.
El incremento en el número de ciudadanos cubanos que, habiendo salido legalmente al exterior, tratan de arribar a territorio estadounidense después de transitar de manera irregular por naciones de América Latina y el Caribe, se asocia a especulaciones totalmente infundadas de que, como resultado del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y el diálogo entre Cuba y los Estados Unidos, podrían eliminarse los privilegios migratorios de que gozan los cubanos en ese país, en virtud de las políticas ejecutivas y la legislación vigentes.
Desde hace décadas, en los Estados Unidos están en vigor la llamada política de “Pies Secos-Pies Mojados” y la Ley de Ajuste Cubano, que conceden a los ciudadanos de Cuba un tratamiento migratorio preferencial que no se le aplica a ninguna otra persona en el mundo, lo cual los alienta a intentar llegar de manera irregular al territorio estadounidense, con la certeza de que serán admitidos de forma automática e inmediata.
Ello se basa en un enfoque excepcional, politizado y discriminatorio respecto a los inmigrantes de las demás naciones de la región y del mundo, que además es incongruente con la existencia de relaciones diplomáticas, el proceso de diálogo en curso entre Cuba y los Estados Unidos e incompatible con el anunciado cambio de política hacia la isla.
Hay que recordar que el gobierno de los Estados Unidos históricamente ha utilizado su política migratoria como un arma contra la Revolución, y alentado la emigración desde Cuba con fines políticos, lo cual ha provocado pérdidas de vidas humanas, secuestros de naves y aeronaves, la comisión de otros actos delictivos violentos, la ocurrencia de crisis migratorias y el robo de cerebros.
Está demostrado que las motivaciones de la emigración cubana son fundamentalmente económicas, como ocurre en la mayoría de los países emisores de emigrantes del mundo.
En enero de 2013, Cuba anunció la actualización de su política migratoria, que incluyó facilitar los viajes de sus ciudadanos al exterior, como parte de la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba y refrendados por la Asamblea Nacional del Poder Popular. La aplicación de estas medidas migratorias ha transcurrido de manera normal.
En los últimos tres años, casi medio millón de cubanos han viajado a otros países por asuntos particulares, lo que representa un crecimiento del 81 % en relación con el período 2010-2012. Los principales destinos son los Estados Unidos, México, Panamá, España y Ecuador. Estos viajes han sido en su mayoría salidas temporales para visitar a familiares, trabajar por un período o realizar otras actividades.
En este contexto, la migración de profesionales cubanos del sector de la salud constituye una preocupación para el país. Especialidades tan importantes como anestesia, cirugía general, terapia intensiva, cardiología, pediatría, neurocirugía, nefrología, obstetricia y ginecología, ortopedia y traumatología, neonatología, entre otras, han sido seriamente afectadas por la salida no planificada de personal médico vital.
Para adquirir todas las habilidades y conocimientos que demanda el desarrollo de la ciencia actual en estos profesionales altamente especializados, se requieren años de estudio y experiencia laboral, por lo que es imposible lograr su formación en corto tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos, que despojó a Cuba de la mitad de sus médicos en los primeros años de la Revolución, estableció en el 2006, durante la Presidencia de George W. Bush, el Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos, único de su tipo en el mundo, dirigido a dañar los programas de cooperación médica internacional de nuestro país y a privar de estos recursos humanos vitales a Cuba y a las naciones receptoras que tanto los necesitan.
Tiene el perverso objetivo de promover el abandono por parte de profesionales de la medicina cubana de sus misiones en otros países, facilitando activamente su emigración mediante el uso de sus embajadas para alentarlos a ello.
También, las facilidades que ofrecen varios países, especialmente clínicas privadas, a personal de la salud cubano propiciaron el asentamiento de fuerza calificada en el exterior y se han detectado redes que se dedican a la selección y financiamiento de la salida de nuestros profesionales.
Desde el triunfo de la Revolución, ha sido una prioridad del gobierno de Cuba garantizar altos niveles en los servicios de salud al pueblo cubano, a la que se dedican importantes recursos humanos y materiales.
El sistema de salud en Cuba es universal, gratuito y accesible a toda la población, a pesar de las limitaciones económicas que enfrentamos, que se agravan por las privaciones que causa el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos.
Ante la necesidad de garantizar a nuestro pueblo un servicio de salud eficiente y de calidad, así como mitigar las afectaciones que hoy se producen como consecuencia de la política migratoria selectiva y politizada de los Estados Unidos hacia Cuba y la creciente contratación no planificada de médicos cubanos en otros países, se ha decidido aplicar las regulaciones establecidas en el Decreto 306, del 11 de octubre de 2012, para las salidas al exterior por asuntos particulares de profesionales médicos de diferentes especialidades que realizan actividades vitales en los servicios de salud a la población y en la actividad científico-técnica.
Esto no significa que los médicos especialistas no puedan viajar o residir en el exterior, sino que se analizarán las fechas de salida del país, teniendo en cuenta el relevo de cada profesional, para propiciar un ordenamiento laboral que garantice la accesibilidad, calidad, continuidad y estabilidad del funcionamiento de los servicios de salud.
El Ministerio de Salud Pública está responsabilizado con la implementación de esta regulación, la cual será efectiva a partir del 7 de diciembre de 2015.
Se reitera que los profesionales de la salud que han salido del país bajo la política migratoria en vigor, ya sea por interés económico, familiar o profesional, incluyendo aquellos que han sido víctimas de políticas engañosas que los llevaron a abandonar sus misiones y su país, pueden reincorporarse al sistema de salud cubano, si así lo desean, y se les garantizará una ubicación laboral similar a la que tenían con anterioridad.
Por otra parte, como una contribución al ordenamiento del flujo migratorio actual y a solicitud de numerosos gobiernos de la región, el gobierno de la República de Ecuador ha decidido restablecer el requerimiento de visado para los ciudadanos cubanos que viajen a ese país, medida que anunció el 26 de noviembre y se hizo efectiva el 1 de diciembre de 2015.
Otros países de tránsito han declarado que adoptarán medidas para asegurar el cumplimiento de sus leyes, proteger sus fronteras, reprimir enérgicamente las redes de tráfico de personas y el crimen organizado.
Como ha reiterado en numerosas ocasiones y planteó nuevamente, sin resultados, durante la ronda de conversaciones migratorias sostenida el pasado 30 de noviembre en Washington, el Gobierno de la República de Cuba demanda, una vez más, la eliminación de la política de “Pies Secos-Pies Mojados”, del Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos y de la Ley de Ajuste Cubano, que son la causa de fondo de la emigración ilegal, el tráfico de emigrantes y la entrada irregular a los Estados Unidos de ciudadanos cubanos que viajan legalmente al exterior; en violación de la letra y el espíritu de los acuerdos migratorios suscritos por ambos países.
Esto sería coherente con el contexto bilateral actual, favorecería los intereses nacionales de ambas partes y contribuiría a normalizar las relaciones migratorias entre Cuba y los Estados Unidos.
El Gobierno de la República de Cuba reitera su compromiso con una emigración legal, ordenada y segura, continuará garantizando el derecho a viajar y emigrar de los ciudadanos cubanos y de regresar al país, según los requerimientos de la legislación migratoria, si así lo desean.