Un tema cubano del que no habla la prensa
Silvia García Tabío
La Jornada
En septiembre de 1998 cinco cubanos, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y René González, fueron arrestados en Miami por el FBI y aislados en celdas de castigo 17 meses antes que su caso fuera llevado al tribunal. Su misión en los Estados Unidos era monitorear las actividades de organizaciones terroristas contra Cuba.
Todos fueron acusados del nebuloso cargo de conspiración contra Estados Unidos. A tres de ellos, Gerardo, Ramón y Antonio, se les adicionó el cargo de conspiración para cometer espionaje. El gobierno estadunidense nunca los acusó de espionaje real, ni afirmó que el mismo hubiese ocurrido. No les fue ocupado ningún documento clasificado.
A pesar de la enérgica objeción por parte de la defensa, el caso se llevó a juicio en Miami, comunidad que alberga a más de medio millón de exiliados cubanos, con una larga historia de hostilidad hacia el Gobierno cubano, entorno que una corte federal de apelaciones de Estados Unidos describiría más tarde como una “tormenta perfecta” de prejuicios, que impidió la realización de un juicio justo.
El juicio duró más de seis meses, el más largo en Estados Unidos hasta ese momento, y en él presentaron testimonios tres generales retirados del ejército, un almirante retirado, el ex asesor del Presidente Clinton para asuntos cubanos, quienes coincidieron en que no existía evidencia de espionaje.
Siete meses después de la acusación inicial se adicionó un nuevo cargo a Gerardo Hernández: conspiración para cometer asesinato, como resultado de una intensa campaña pública con la intención de vengar el derribo por parte de la Fuerza Aérea Cubana de dos avionetas de un grupo anticastrista y las muertes de sus cuatro ocupantes, hechos que tuvieron lugar en 1996. Las avionetas pertenecían a una organización que en los 20 meses anteriores al derribo había penetrado el espacio aéreo cubano 25 veces, objeto de protestas reiteradas del gobierno de Cuba.
Al final del juicio, cuando el caso estaba a punto de ser presentado al jurado para su consideración, el gobierno reconoció por escrito que había fracasado en probar el cargo de conspiración para cometer asesinato impuesto a Gerardo Hernández, alegando que “a la luz de las pruebas presentadas en el juicio, esto constituye un obstáculo insuperable para Estados Unidos en este caso y probablemente resultará en el fracaso de la acusación en este cargo”.
El jurado, no obstante, encontró culpables, tanto a Gerardo como a sus compañeros, de todos los cargos después de haber sido puesto bajo una intensa presión por parte de los medios de prensa locales.
Los cinco fueron sentenciados a condenas que sumaron 4 cadenas perpetuas más 77 años, convirtiéndose tres de ellos en las primeras personas en Estados Unidos en recibir cadena perpetua en casos relacionados con espionaje, en los que no existió evidencia de obtención y transmisión de un solo documento secreto. Fueron confinados a cinco cárceles diferentes de máxima seguridad, lejanas una de otra y sin comunicación alguna entre ellos.
La apelación ha tomado 9 años
El 9 de agosto de 2005, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones revocó sus veredictos de culpabilidad al considerar que no tuvieron un juicio justo en Miami. En una acción que como norma sólo se ejerce en casos donde estén en juego principios constitucionales, el Gobierno solicitó a los doce jueces de la Corte de Apelaciones revisar la decisión del panel en un procedimiento llamado en banc. Un año después el pleno de la Corte revocó por mayoría la decisión unánime de los tres jueces originales.
El 27 de mayo de 2005, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, después de estudiar los argumentos presentados tanto por la familia de los Cinco como por el gobierno de Estados Unidos, determinó que su privación de libertad era arbitraria y exhortó a Washington a tomar las medidas necesarias para rectificar esa arbitrariedad.
El 2 de septiembre de 2008 la Corte de Apelaciones de Atlanta ratificó los veredictos de culpabilidad de los Cinco. Ratificó las sentencias de Gerardo Hernández (2 cadenas perpetuas más 15 años) y René González (15 años), y anuló las sentencias de Antonio Guerrero (cadena perpetua más 10 años), Fernando González (19 años) y Ramón Labañino (cadena perpetua más 18 años), por considerarlas incorrectas, enviando nuevamente a la Corte de Distrito de Miami los casos de estos tres últimos para ser re-sentenciados. La Corte en pleno reconoció que no existía evidencia alguna de que hubiera habido obtención ni transmisión de información secreta o de defensa nacional en el caso de los acusados del cargo de conspiración para cometer espionaje.
Meses después Antonio fue resentenciado a 21 años y 10 meses en prisión más 5 años de libertad supervisada, Fernando a 17 años y 9 meses en prisión, y Ramón a 30 años en prisión.
El 15 de junio de 2009 la Corte Suprema de Estados Unidos anunció, sin más explicaciones, su decisión de no revisar el caso de los Cinco a pesar de los sólidos argumentos esgrimidos por la defensa ante las evidentes y múltiples violaciones legales cometidas durante todo el proceso.
Desconocieron asimismo, el universal respaldo a esta petición y a los Cinco, expresado en una cifra de 12 documentos de “amigos de la Corte”, cantidad que constituye un hecho sin precedentes ya que representa el mayor número de amicus que se haya presentado a la Corte Suprema de Estados Unidos para la revisión de un proceso penal.
Diez Premios Nobel entre los que figuran el Presidente de Timor Leste, José Ramos Horta, Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchu, José Saramago, Wole Soyinka, Zhores Alferov, Nadine Gordimer, Günter Grass, Darío Fo y Mairead Maguire; el Senado de México en pleno; la Asamblea Nacional de Panamá; Mary Robinson, presidenta de Irlanda (1992-97) y Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1997-2002), y el ex Director General de la UNESCO, Federico Mayor, entre otros, suscribieron los amicus.
Desde el punto de vista jurídico este caso ha concluido ya su curso normal. Ahora los cinco se encuentran en medio de un procedimiento extraordinario, el llamado Habeas Corpus, que es una oportunidad que se ofrece por una sola vez a los condenados después que agotaron sin éxito todos sus recursos apelativos.
En Octubre de 2010 Amnistía Internacional dio a conocer un Informe sobre el caso en el que concluye: “Si el proceso legal de apelación no proporcionara resarcimiento oportuno, y dada la extensión de las penas de cárcel impuestas y el tiempo ya cumplido por los condenados, Amnistía Internacional apoyaría los llamamientos para que las autoridades ejecutivas estadounidenses revisen el caso a través del procedimiento de indulto u otros medios apropiados.”
Silvia García Tabío, asesora de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.
